La creciente dispersión salarial aumenta la desigualdad de ingresos

Carlos Mulas
Carlos Mulas

CARLOS MULAS GRANADOS FMI

En los últimos cinco años, la preocupación por el aumento de la desigualdad de ingresos ha estado en el centro de los debates de política económica. Sin embargo, hay un área que se ha mantenido relativamente inexplorado. Esta es el área que se ocupa de la relación entre la participación laboral de los ingresos y la desigualdad del ingreso personal. La desigualdad de ingresos se refiere a la distribución personal de la renta y la cuota del trabajo se refiere a la remuneración de los asalariados en el ingreso total de los factores (valor añadido) en un año determinado. Cuando se mira a estas dos series, el impacto visual es impactante. Por ejemplo, entre 1970 y 2012 la cuota del trabajo en los países del G-7 se redujo en promedio un 12 por ciento, mientras que la desigualdad de ingresos aumentó en un 25 por ciento.

El análisis de la cuota de los factores (trabajo y capital) de la renta nacional fue considerado el principal problema de la economía política de los economistas clásicos como David Ricardo. Hasta la década de 1960, este tema se le dio una gran preeminencia en los libros de texto económicos y en la investigación académica. Cuando Kaldor resumió con estas célebres palabras las propiedades a largo plazo del crecimiento económico en la década de 1960, dijo que las acciones de la renta nacional recibida por la mano de obra y el capital eran más o menos constantes durante largos períodos de tiempo. El análisis de las cuotas de renta de factores fue objeto de un noventa por ciento de los artículos científicos presentados en la conferencia de la Asociación Económica Internacional en 1965. El tema dominante era que las participaciones de los factores eran importantes para el desempeño macroeconómico de las economías, ya que estaban relacionados con el potencial problema de disminución de los beneficios o que los salarios reales crecieran por encima de la productividad.

Sin embargo, desde la década de 1970, el análisis de la cuota de los factores ha dejado de estar en el centro de los debates económicos, dada su falta de volatilidad y que refleja el hecho de que la división de los ingresos podría explicarse fácilmente por una función de producción de Cobb-Douglas. Las personas preocupadas por la distribución de ingresos personales comenzaron a insistir en que no había un vínculo directo (o mecánico) entre los factores de acciones y la desigualdad, y que las diferencias en los ingresos personales estaban relacionadas con las diferencias en el nivel de formación.

Los ciudadanos no disfrutan de la expansión económica

Además, un más amplio espectro de todo el mundo estaba empezando a disfrutar de algún tipo de rentas de capital. Mientras que la vivienda en propiedad, participaciones financieras activos y las pensiones financiados por el capital se expandieron en las economías avanzadas entre 1970 y 1990, la división en los trabajadores (puros) recibir sólo los salarios y los capitalistas/propietarios (puros) que reciben sólo beneficios/rentas quedaron borrosas, contribuyendo así a la disminuyendo en la atención prestada a este tema.

Sin embargo, el interés en el análisis de las participaciones de los factores regresó en la década de 2000. En 2009, Atkinson citó tres razones para explicar esta atención renovada: en primer lugar, el análisis de la cuota de los factores fue útil para entender la relación entre los ingresos a nivel macroeconómico (cuentas nacionales) y los ingresos a nivel individual/familiar; segundo, la cuota de los factores potencialmente podrían ayudar a explicar la desigualdad en la renta de las personas (al menos en parte, si ciertos tipos de ingresos se recibieron principalmente por algún tipo de agentes económicos); y por último pero no menos importante, se dirigieron a la preocupación de la justicia social con la imparcialidad de las diferentes fuentes de ingresos.

Inicialmente, los investigadores que volvieron a trabajo en esta área se centraron en explicar los cambios en la cuota del trabajo, su gradual pero constante declive y la relación entre los salarios y la productividad. La percepción de que los ciudadanos no estaban disfrutando plenamente los frutos del largo período de expansión económica de finales de 1990 y principios de 2000 también atrajo la atención de los responsables políticos nacionales y las organizaciones internacionales.

En 2006, Ben Bernanke, presidente de la Fed expresó la esperanza de que “las empresas usarían algunos de estos márgenes de beneficio para satisfacer las demandas de los trabajadores para salarios más altos” y en 2007, el ministro de Finanzas de Alemania pidió a las empresas europeas a “dar una participación más equitativa de sus beneficios crecientes. “El FMI, la Comisión Europea, el Banco de Pagos Internacionales y la OCDE todos los informes publicados a mediados de la década de 2000 que documentaron la disminución de la cuota del trabajo de los ingresos y proporcionan varias explicaciones de esta tendencia, principalmente vinculados al impacto de la globalización y la el cambio tecnológico en las habilidades laborales, movilidad internacional del capital y la negociación salarial. El interés en este campo regresó después de la crisis financiera, ya que la disminución de la participación laboral de los ingresos y el fuerte incremento de la desigualdad de los ingresos personales iban en paralelo y esto llevó a muchos analistas a pensar que estaban fuertemente correlacionados.

“La dispersión salarial ha sido asociada con la creciente globalización financiera, una disminución de los sindicatos en la industria de y una disminución en el tamaño de la administración del Estado”

Apoyar el crecimiento inclusivo

Pero la verdad es que, si bien están aparentemente correlacionadas, la disminución de la cuota del trabajo de los ingresos y el aumento de la desigualdad en los ingresos personales no están directamente vinculados en una relación causal. En un estudio reciente titulado “La distribución funcional de ingresos y su papel en explicar la desigualdad” que he co-escrito con Maura Franzese, que y será publicado por el FMI, comprobamos si la disminución de la cuota del trabajo de los ingresos ha sido un factor impulsor clave para la creciente desigualdad. Llegamos a la conclusión de que no ha sido un factor clave. En cambio, el determinante más importante en el aumento de la desigualdad de ingresos ha sido la creciente dispersión de los salarios, sobre todo en la parte superior de la distribución salarial.

Utilizando una base de datos única, que combina las encuestas de hogares y los datos macroeconómicos de 81 países más de 4 décadas, se muestra que el factor determinante más importante de la creciente desigualdad de ingresos no ha sido la participación cada vez menor de los ingresos que se acumulan con el trabajo, sino la creciente dispersión de los salarios dentro de las rentas del trabajo. Este resultado refleja el hecho de que la mayor parte de los ingresos familiares son los ingresos laborales. También se debe a que los salarios altos han crecido enormemente y la dispersión salarial se ha convertido en una fuerza impulsora detrás de la desigualdad de ingresos. También se encontró que el aumento de la dispersión salarial ha sido asociado con la creciente globalización financiera, una disminución de los sindicatos en la industria de y una disminución en el tamaño de la administración del Estado.

Desde una perspectiva política, nuestros resultados sugieren que, para evitar desfavorables (o indeseables) consecuencias distributivas, las autoridades tendrán que prestar atención a los resultados del mercado laboral y de la dispersión de los salarios, incluyendo las distorsiones inducidas en el mercado de trabajo por diferentes intervenciones de política, o por los cambios en instituciones del mercado laboral. Además, las políticas fiscales y de transferencia deben evaluarse adecuadamente en términos de sus costos y la eficacia relativa en la corrección de las desigualdades de ingresos y reducir al mínimo las distorsiones de mercado. Por último, las políticas públicas que apoyen el crecimiento inclusivo (por ejemplo, por la promoción de la participación en el mercado laboral y el fortalecimiento del capital humano de los grupos de bajos ingresos) deben reforzarse para evitar el aumento de las disparidades económicas.

Carlos Mulas 

Ideas para la próxima victoria socialista

CARLOS MULAS GRANADOS FMI

Tras las elecciones del 20-N se ha abierto un proceso de renovación en el PSOE que tendrá un hito importante en la elección de un nuevo liderazgo el próximo mes de febrero. Pero ahí no habrá acabado el proceso, sino que estará comenzando, ya que será la nueva dirección la que tenga que articular un nuevo proyecto político atractivo para la sociedad. En este contexto, y a medio plazo, la nueva etapa podría desarrollarse bajo la etiqueta de “Socialismo abierto” (a nuevas ideas, nuevas personas y nuevas formas de hacer política). Y con esa perspectiva, la ponencia política que finalmente apruebe el Congreso debería incorporar enfoques renovados en tres áreas.

La primera es la apuesta que los socialistas deberían hacer por la “Economía de la prosperidad”. Esta es la visión económica que sostiene que los ajustes fiscales por sí mismos no son suficientes para la recuperación, y también la visión que afirma que el crecimiento, el empleo y el bienestar de las personas van más allá de la simple acumulación de bienes y servicios. En ese modelo, la sostenibilidad y la cohesión social son motores del propio proceso productivo y no simplemente una opción política. Para avanzar en esa dirección, la austeridad inteligente, el impulso a los nuevos sectores económicos, la modernización radical de nuestras políticas activas de empleo, la transformación total de nuestro modelo energético, el apoyo decidido al emprendimiento, y la revisión integral de nuestro sistema fiscal, son aún cuestiones de largo recorrido donde el PSOE tendrá que apostar más fuerte que hasta ahora.

Economía de la prosperidad, nueva agenda social y los jóvenes, deberían ser las bazas del PSOE

La segunda área tiene que ver con la nueva agenda social. El PSOE no puede ser solo el partido que defienda el Estado de bienestar tradicional, sino que tiene que ser también el que apueste por modernizarlo y dinamizarlo. Asimismo, creo que el PSOE acertaría si abandonase ligeramente la contraposición permanente entre Estado y mercado y concentrase parte de su nuevo discurso social en el tercer vértice de la ecuación: la sociedad. El PP no ha importado aún el concepto de la “Gran Sociedad” acuñado por los conservadores británicos, y por eso el PSOE puede adelantarse con un discurso solvente sobre la “Sociedad de las Oportunidades”, que sea la garantía de una sociedad mejor y más justa. Esto le permitiría renovar su pedigrí progresista alejándolo de la deriva estatalista y dotándolo, por tanto, de mayor credibilidad en un contexto de restricciones presupuestarias. El potencial de renovación en este terreno es importante, ya que las políticas sociales tradicionales divididas en funciones de gasto podrían reformularse en torno a nuevas categorías centradas en la fortaleza de los hogares. La división social por edades podría trascenderse incorporando nuevas políticas para reconectar a los jóvenes con los mayores, en proyectos de sociedad multigeneracional; el énfasis en la igualdad de oportunidades en la infancia podría extenderse a todo el ciclo vital bajo un nuevo lema de oportunidades recurrentes; y los derechos sociales podrían complementarse con compromisos individuales de ciudadanía.

Con estos mimbres, sin embargo, no será suficiente. Los partidos que ganan el corazón de sus votantes no son siempre los que mejor alternativa socioeconómica presentan, sino los que son capaces de movilizar a amplios sectores sociales sobre la base de procesos participativos y una narrativa colectiva emocionante. Estos son los aspectos más complicados, los más relacionados con la estructura de los propios partidos políticos y de sus liderazgos.

El socialismo vanguardista y abierto al futuro que debería salir del próximo congreso tendrá que esforzarse para conectar con losindignados, que no son solo los jóvenes del 15-M, sino también aquellos hombres y mujeres maduros que están desencantados ante la aparente inutilidad de su experiencia en el mercado laboral y ante la perspectiva de que sus hijos vivirán peor que ellos. Las demandas de una democracia mejor deben responderse desde el ejemplo. Por eso, la apertura del partido a los simpatizantes y la consolidación del sistema de primarias para la candidatura a la presidencia del Gobierno, incluso las listas abiertas y la limitación de los mandatos deberían estar encima de la mesa del debate.

El socialismo abierto debe reconectar con los electores a su izquierda y a su derecha, y para ello los proyectos transversales que superen el esquema tradicional de clase (como los relacionados con la salida colectiva de la crisis, la sostenibilidad, la identidad comunitaria, la calidad democrática, la laicidad o el Gobierno de la globalización) deberían tener mayor protagonismo en la nueva etapa. Por último, el socialismo abierto debe reconectar con los jóvenes. El PP ha logrado que desde hace 20 años una mayoría de los nuevos votantes de cada elección fueran populares; el PSOE debe lograr que esa tendencia se revierta. No hay fórmulas mágicas, pero sería bueno debatir ideas novedosas que puedan resultarles atractivas, como nuevas reglas para facilitarles el voto, la creación de agrupaciones virtuales, la disolución de las barreras entre militantes y simpatizantes, o la introducción de criterios de mérito profesional y activismo social para ganar protagonismo político.

Si con todo ello el PSOE no gana las próximas elecciones, entonces estará muy cerca de ganar las siguientes.

Carlos Granados 

 

¿Un gobierno económico para Europa?

CARLOS MULAS GRANADOS FMI

Nada más tomar posesión como presidente de Francia, Nicolas Sarkozy comenzó una ronda urgente de contactos europeos: se entrevistó con Merkel en Alemania, viajó a Bruselas y el jueves visitó a Zapatero en Madrid. Tras estos encuentros, dejó claro que Francia impulsaría una pronta resolución de la crisis constitucional europea sobre la base de un Tratado simplificado, que no por reducirse debía descafeinarse. Más aún, Sarkozy, hizo explícito su apoyo a la creación de un gobierno económico europeo aprovechando la revisión de la Constitución: es decir recuperó una vieja ambición europeísta para compensar su apuesta por un mini-tratado constitucional.

Lo curioso del asunto es que a estas alturas, tan cerca del crucial Consejo Europeo de junio, nadie tiene muy claro a qué se refiere Sarkozy cuando habla de reformas en el sistema de gobernanza económica de la UE. Así que intentemos explorar cuáles son las posibilidades reales de reforma a este respecto, y veamos cuál debería ser la postura de España en este asunto.

Déjenme definir, en primer lugar, cuál es el objeto de discusión y posible reforma del que estamos hablando. Desde el Tratado de la Unión Europea de 1992, la gobernanza económica de Europa pasó a basarse en tres elementos: una política monetaria independiente formulada por el Banco Central Europeo (BCE); una política fiscal formulada por los Estados miembros pero coordinada a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC); y un grupo de reformas, coordinadas de forma laxa por la Estrategia de Lisboa.

En los ocho años transcurridos desde el lanzamiento del euro en 1999, han surgido diversas críticas al funcionamiento de esos tres elementos que han motivado múltiples propuestas políticas y académicas de mejora. Por ejemplo, en relación con la política monetaria, se ha criticado que el BCE sólo se haya preocupado de la estabilidad de precios en lugar de tener en cuenta criterios de crecimiento y empleo, como hace la Reserva Federal norteamericana. Asimismo, el PEC ha sido atacado con virulencia por no haber sido capaz de generar la disciplina fiscal y el grado de coordinación necesarias para compensar la política monetaria. Y, finalmente, las reformas del proceso de Lisboa han sido denostadas por su debilidad, descoordinación y falta de visibilidad política.

Ante estas críticas, y con la inminente revisión de la Constitución a la vista, veo cuatro posibles escenarios para los próximos meses.

La primera posibilidad es que no se produzca ninguna alteración de los artículos que hay en la Constitución sobre esta materia, para no añadir más dificultades a las ya existentes.

La segunda es la de actualizar la Constitución, incorporando simplemente las reformas del PEC y de la Estrategia de Lisboa aprobadas por el Consejo Europeo en 2005. Al basarse en acuerdos recientes, esta actualización no requeriría la generación de un nuevo consenso y, por tanto, debería ser fácil.

La tercera opción sería la de una reforma parcial del sistema de gobernanza económica de la UE, a través de un reforzamiento del papel del Eurogrupo (es decir, de la reunión de los ministros de Economía de los países que forman parte del euro). Así, este órgano se convertiría en “el germen de un gobierno económico europeo, que coordinaría las políticas económicas, dialogaría de igual a igual con el BCE y avanzaría en la armonización de los impuestos y las políticas sociales en Europa”, tal y como afirmó recientemente Jacques Delors, el ex presidente de la Comisión Europea y padre intelectual del euro.

La cuarta y última opción sería la más ambiciosa. En primer lugar, modificaría los actuales objetivos del Banco Central Europeo para introducir el crecimiento económico y el empleo, junto a la inflación. Pero lo más importante, es que avanzaría hacia un auténtico gobierno económico mediante el mencionado reforzamiento del Eurogrupo y la creación de una Autoridad Fiscal Europea. Este gobierno económico europeo tendría que desarrollar capacidad fiscal propia mediante la introducción de impuestos europeos, con los que financiar políticas europeas de estabilización, cohesión social, investigación, convergencia tecnológica, energía y medio ambiente. Avanzar en este tipo de gobierno europeo resolvería el déficit político del que se ha acusado al actual diseño institucional de la moneda única. Y haría realidad una parte de los sueños de quienes idearon hace treinta años la Unión Monetaria como un paso intermedio hacia la Unión Política de Europa.

Si la coyuntura política actual de la UE hace poco verosímil este último escenario de reforma total, creo que tampoco es probable (ni siquiera deseable) que no se aproveche la renovación de la Constitución para realizar alguna mejora en este terreno.

Ante esta perspectiva, España debe estar preparada para liderar a los países que quieran hacer avances. Es el primer país que aprobó la Constitución Europea en referéndum y está más legitimado que ninguno para promover una actualización y una reforma parcial del texto constitucional en materia de gobernanza económica, sin que otros se le adelanten. Sólo si España está en el origen de cualquier iniciativa en este ámbito, podrá controlarla y beneficiarse políticamente de su presentación.

Los avances hacia un gobierno económico deberían explicarse como un paso fundamental para la coordinación real de las políticas económicas y fiscales en Europa y para el desarrollo de una economía europea más sostenible, más competitiva y con una mayor cohesión social. Éstos son los objetivos a los que aspiran los ciudadanos europeos. Y que España apoye la introducción de instrumentos eficaces para conseguirlos, recolocará a nuestro país en el centro del proceso de construcción europea, donde nos esperan desde hace ya algún tiempo.

Carlos Mulas

Ideología y crisis económica

CARLOS MULAS GRANADOS FMI

Desde que el Gobierno zanjó el debate semántico sobre el actual periodo de débil crecimiento y lo llamó crisis, la discusión se centró por fin en las medidas que debían adoptarse para salir de la misma.

Conocedores de su relevancia pública, los partidos políticos comenzaron a gotear sus propuestas antes del verano, y las vienen acompañando siempre de una etiqueta ideológica. El Gobierno se esforzó en explicar que, dado su carácter progresista, el mantenimiento de sus políticas sociales (sobre todo, la financiación de la Ley de Dependencia, el incremento del salario mínimo y la subida de las pensiones mínimas) es lo que le diferenciaría en esta crisis del PP. Los populares, sin embargo, dijeron que lo que los ciudadanos y las empresas españolas necesitan es más dinero a fin de mes, por lo que una rebaja impositiva generalizada es su medida estrella para salir de la crisis.

El Gobierno debe sumar al discurso social argumentos que pongan en valor la inversión pública

En este contexto, hay dos cosas claras: primero, el curso político que empieza en septiembre será difícil para el Gobierno por la crisis y por su minoría parlamentaria; y segundo, el discurso económico será tan importante como las medidas que se adopten, de cara a rentabilizar políticamente la fase de crecimiento que llegará antes de las elecciones de 2012.

El difícil debate presupuestario de este otoño será el primer hito en la batalla discursiva que afrontará el Gobierno a corto y medio plazo en el terreno económico. Se verá sobrepasado por la izquierda por IU o ERC cuando pidan más gasto social, y también por la derecha, cuando el PP o CiU pidan menores impuestos y ajustes en el gasto de Administraciones Públicas.

Para superar esas presiones y ganar nuevos matices en la exposición de su política presupuestaria, debe apuntalar su discurso ideológico con nuevos elementos. En este sentido, la experiencia internacional de las últimas décadas nos enseña dos lecciones que deberían ser útiles. En primer lugar, las hemerotecas prueban que los partidos en el poder (de izquierdas o derechas) siempre se pusieron a la cabeza de la protección de sus ciudadanos frente a las crisis cuando éstas llegaron. Ningún dirigente democrático afirmaría en plena desaceleración que va a abandonar a los que más sufren, por mera cuestión de supervivencia política. Así, dirigentes de centro-derecha como Kohl en Alemania, o Chirac en Francia, mantuvieron (o incrementaron) su gasto social durante la crisis de principios de los noventa, con el mismo discurso que hoy hace el PSOE, y al que también trata de apuntarse el PP.

En segundo lugar, los datos objetivos demuestran que en los países de la OCDE, entre 1970 y 2005, los gobiernos de centro-izquierda invirtieron el doble que los gobiernos de centro-derecha. Estas diferencias se mantienen aunque varíen el número de años en el gobierno o el peso de su mayoría parlamentaria. Se mantienen también aunque sólo consideremos los años de crisis y los de restricciones presupuestarias. Cuando llegaron las vacas flacas, los gobiernos de centro-izquierda prefirieron mantener la inversión pública, incluso aunque eso implicara un menor crecimiento de las transferencias sociales, el consumo público o los salarios de los funcionarios.

No es de extrañar esta apuesta por la inversión productiva por parte de los gobiernos de centro-izquierda, ya que obedece a una visión económica diferenciada. Los gobiernos progresistas creen que el Estado puede mejorar las condiciones en las que operan las empresas, mediante fuertes inversiones en educación, infraestructuras, comunicaciones y tecnología, para incrementar la productividad de los factores que utilizan esas empresas. Mientras que los gobiernos conservadores creen que la intervención del Estado es ineficiente y distorsionadora, y conceden un papel mínimo a la inversión pública. Para ellos, el capital privado invertirá en las actividades que generen mayores retornos y, al maximizar su inversión individual, estarán maximizando el bienestar de la sociedad.

Por tanto, en Estados de bienestar consolidados, como los europeos, donde realmente se establecen las diferencias ideológicas en épocas de crisis no es en el gasto social, sino en la apuesta relativa de los gobiernos por la inversión productiva. Este tipo de inversión pública incluye partidas como el gasto en formación, I+D+i, infraestructuras del transporte, rehabilitación urbana, telecomunicaciones o ahorro y eficiencia energética, que son mucho menos visibles que los gastos sociales, pero más importantes para la recuperación económica.

El Gobierno socialista ganó en 2004 y 2008 con programas electorales plenamente coherentes con esta visión, que ponían en valor al Estado como agente dinamizador de la economía. Para ello, apostaría por un círculo presupuestario virtuoso que empezaría por el gasto productivo para llegar al crecimiento económico y así financiar el aumento del gasto social, pero no a la inversa. En su primer mandato, todos los presupuestos siguieron esta filosofía.

Ahora, al principio de su segundo mandato y con el debate económico en todas las portadas, el Gobierno debe mantener esa línea y sumar a su discurso social actual un argumento inversor. Poner en valor la inversión pública que realice le permitirá capitalizar la recuperación posterior. El Gobierno podrá atribuirse el mérito de haber marcado la senda del cambio de modelo, y además será muy bueno para salir pronto y reforzados de esta crisis.

Carlos Mulas

Ed ‘El Rojo’ y los ajustes socialmente justos

Carlos Mulas
Carlos Mulas

CARLOS MULAS GRANADOS FMI

Este otoño será recordado como el de los ajustes fiscales en toda Europa. En algunos países están siendo apoyados por las principales fuerzas políticas (caso de Grecia o España), mientras que en otros se ha abierto una confrontación ideológica entre el Gobierno conservador y la oposición progresista (como en Francia y Reino Unido) a cuenta del tipo de recortes.

El caso británico es de especial interés por dos razones: la primera porque Cameron acaba de anunciar el mayor recorte del Estado de bienestar de la historia de Reino Unido; y la segunda, porque el debate entre los laboristas sobre cómo responder a ese inminente recorte sirvió hace un mes para dirimir la victoria en las primarias entre los hermanos Miliband. El final del psicodrama familiar en que se había convertido la elección entre los hermanos Ed y David Miliband para sustituir a Gordon Brown se jugó en el terreno presupuestario, y hoy el ganador se juega la consolidación de su liderazgo en ese mismo terreno.

Lo progresista es subir los ingresos fiscales y un reparto equitativo de los sacrificios
España necesita más ingresos fiscales para inversiones productivas

La victoria la obtuvo Ed, el más joven, contra parte del aparato del partido y dándole la vuelta a todos los pronósticos iniciales. A pesar de que ambos tienen la misma formación económica y siempre fueron socialdemócratas liberales, el triunfo de Ed Miliband fue interpretado como un giro a la izquierda del laborismo, debido al apoyo decisivo que jugaron los sindicatos en su elección, y porque durante la campaña se había distanciado de su hermano David en dos cuestiones cruciales: su rechazo frontal al papel de Blair en la guerra de Irak y su alejamiento de la ortodoxia de Brown en aspectos fiscales.

Aunque Ed planteó esos rechazos con la corrección y sutileza propias de un inglés educado en Oxford, esa valentía le valió el apodo de Ed The Red (Ed El Rojo), y probablemente terminaron inclinando la balanza a su favor. Ese posicionamiento consiguió colocar a su hermano David el cartel de “continuista” de la Tercera Vía de Blair y Brown, mientras que Ed lograba identificarse como el hermano que mejor podía representar un verdadero cambio en el laborismo centrista de los últimos años.

A pesar de esta lectura mediática, he de decir que tras escuchar en persona su discurso de clausura en la conferencia celebrada en Manchester, sus posiciones no me parecieron las de un rojo peligroso,sino más bien las de un rosado responsable.

Ed Miliband viene planteando desde entonces una serie de matices al ajuste fiscal anunciado por el Gobierno de Cameron de forma muy inteligente: no está discutiendo el tamaño de los recortes fiscales necesarios (dijo “nosotros, los laboristas, también los habríamos hecho de seguir en el Gobierno”); pero está planteando otro ritmo y otra composición del ajustefiscal necesario. Y lo justifica no solo por razones económicas (afirmando que un ajuste muy brusco podría poner en peligro el crecimiento incipiente de la economía británica), sino también por razones ideológicas. “Los ajustes deben ser socialmente justos, con una proporción equilibrada de mayores ingresos y menores gastos”, sentenció.

¿Y qué quiere decir Miliband con eso de los “ajustes socialmente justos”? Los debates que se suscitaron en Manchester sobre esta cuestión fueron múltiples. La Fundación Ideas jugó un papel importante en algunos de ellos, de la mano de Policy Network, el think-tank laborista en el que habían crecido intelectualmente los dos hermanos Miliband. La mayoría de los expertos allí presentes coincidió con la posición presentada por IDEAS, según la cual dado el origen de los actuales desequilibrios fiscales, un ajuste socialmente justo sería aquel en el que contribuyeran más quienes más responsabilidad tuvieron durante la crisis financiera.

Por ello, Miliband afirmó que para que el ajuste británico fuera socialmente justo, el esfuerzo debería repartirse por igual (50-50) entre el aumento de los ingresos fiscales y la reducción de los gastos (frente a la combinación 20-80 que defiende el conservador Cameron).

Para lograrlo, el nuevo líder laborista propuso aumentar los ingresos duplicando la tasa a los bancos que ya había aprobado Brown antes de perder el Gobierno, y que tanto rechaza el sector financiero londinense, como si no hubiera tenido nada que ver con el origen de la crisis. Asimismo, también propuso nuevos impuestos contra la contaminación, el consumo excesivo y contra la especulación financiera.

En cuanto a la reducción de gastos, Ed Miliband solo dejó ver que para él un ajuste socialmente justo sería aquel que no dedicara recursos públicos a salvar a quienes causaron la crisis. Pero es posible ser más concreto. En mi opinión, si además de justo ese ajuste quisiera ser progresista y dinamizador de la actividad económica, debería preservar la inversión social (no necesariamente el gasto social) frente a los gastos corrientes o las inversiones menos productivas.

Por ejemplo, un ajuste progresista debería dedicar más dinero a políticas activas de empleo frente a subsidios de desempleo; más recursos para becas, formación, políticas preventivas de salud, investigación, infraestructuras tecnológicas y apoyo a los sectores de la nueva economía, frente a los gastos de personal, materiales de oficina, obra pública, infraestructuras de transporte o gastos de seguridad y defensa.

En este sentido, los presupuestos recientemente aprobados en España tienen un carácter mixto. Por un lado, pueden parecer conservadores porque hacen recaer el ajuste fiscal mucho más en el recorte de gastos que en el aumento de ingresos mediante nuevas figuras impositivas. Y, sin embargo, al mismo tiempo, la composición del gasto público anunciado mantiene un enfoque progresista, porque en medio de un recorte generalizado en todas las partidas mantiene un alto porcentaje dedicado al gasto social, aumenta las becas y hace un recorte menor en investigación.

Lo que de momento ha quedado excluido del debate público es la manera en la que vamos a generar en el futuro los nuevos ingresos que necesitamos para mejorar los servicios públicos, financiar esas nuevas políticas activas e impulsar los nuevos sectores de la economía sostenible. Los ingresos que provenían de la burbuja inmobiliaria no volverán, así que debemos buscar nuevas vías, ya que las demandas de gasto por parte de los ciudadanos serán crecientes en el futuro.

Este asunto de los ingresos fiscales fue tabú entre los economistas durante los últimos 15 años. Cuando las cosas iban bien, los ingresos aumentaban por el dinamismo económico y se interpretaba que cualquier impuesto adicional podía hacer peligrar la bonanza. Y cuando las cosas iban mal, la literatura económica parecía demostrar que los ajustes basados en recortes de gasto tenían más probabilidades de éxito que aquellos que intentaban basarse en un aumento de ingresos.

Hoy, sin embargo, tenemos nuevos elementos para el análisis. Por el lado económico, el FMI acaba de publicar un informe que demuestra que para desequilibrios fiscales tan grandes como los que hoy tiene España, Estados Unidos, Grecia, Irlanda o Reino Unido el aumento de la recaudación fiscal a medio plazo para hacer inversiones productivas que dinamicen la economía es un factor de éxito fundamental.

Y por el lado político, frente a quienes han venido proclamando que los ajustes no pueden tener ideología, el pequeño de los Miliband ha venido a recordarnos que la política en mayúsculas versa exactamente sobre eso: la decisión sobre quién recibe qué, cómo y cuánto. El debate está servido.

Carlos Mulas 

Vender la economía

CARLOS MULAS GRANADOS FMI

En el año 2002, la economía española crecía al 2,1%, la confianza de los ciudadanos en la economía era del 60% y triunfaba el slogan de “España va bien”. En el año 2006, la economía crece al 3,8%, pero la confianza ciudadana es de sólo el 40% y el Gobierno no ha logrado colocar su mensaje de que “España va mejor”. ¿Qué pasa para que la ciudadanía no perciba el buen momento económico?

La respuesta se encuentra en la confluencia de dos estrategias paralelas, del Gobierno y de la oposición, que se han venido complementando desde el principio de la legislatura. Por un lado, el Gobierno priorizó las reformas políticas sobre las económicas, convencido de que no se podían simultanear decisiones innovadoras en los dos terrenos estando en minoría y con el PP lanzado a una oposición feroz. Por otro lado, el PP decidió olvidarse del debate económico hasta que las cosas se torcieran para el Gobierno. El resultado es que desde entonces ya no hablamos de economía.

El PP decidió olvidarse del debate económico hasta que las cosas se torcieran para el Gobierno

Este “desinterés” se ha mantenido durante dos años y medio, pero creo que no será permanente. En primer lugar, porque para el Gobierno la economía (que se está acelerando) es un seguro de vida electoral ante los vaivenes del proceso de paz. Y en segundo lugar, porque el PP pretenderá apuntalar su perfil de gobierno con un discurso económico más serio, en el caso de que la pronosticada desaceleración no les permita hacer una crítica más sólida.

Hasta que eso ocurra, el Gobierno hablará de economía y la oposición de terroristas. Desde el pasado debate del estado de la nación, esta dinámica se repite una y otra vez: los dirigentes socialistas comienzan sus discursos ensalzando la buena situación económica, pero sus argumentos se diluyen ante la contundencia del demagógico discurso popular en el terreno político. El mensaje económico del Gobierno no cala, los medios no se hacen eco del mismo, y lo que es peor para el Ejecutivo, la ciudadanía no le atribuye responsabilidad alguna en la buena coyuntura actual.

Sin embargo, esto no tiene por qué ser así permanentemente. Hay una forma de superar la indiferencia ciudadana y la desatención mediática respecto de los temas económicos. Para que esa tendencia cambie, el Gobierno no debe hablar sólo de los buenos datos coyunturales, sino atribuírselos con argumentos. Para ello, debe demostrar que no son fruto de la casualidad, o de las rentas del PP, sino que se deben a su buen hacer. Debe explicar por qué la economía, que se iba a desacelerar, parece cobrar nuevos bríos y con una forma más equilibrada. Debe hacer público que tiene una estrategia de política económica que engloba las reformas ya aplicadas y las de los próximos años. Sin dar cuentas del punto de partida y de las medidas adoptadas, es imposible que el Gobierno consiga rentabilizar su mensaje económico, por mucho que repita las cifras más positivas de forma machacona.

El Programa Nacional de Reformas de España (www.pnr.es) reúne todas las características necesarias para convertirse en la plataforma que el Gobierno necesita si quiere explicar su gestión económica. Más ahora que su coordinador será candidato a la alcaldía de Madrid, y la actualización del PNR ha sido su último trabajo al frente de la Oficina Económica del Presidente. El PNR reúne algunas de las mejores características del candidato y sus equipos, como el rigor analítico, la visión de medio plazo y una inalterable disposición a ponerse objetivos y a rendir cuentas de los progresos alcanzados, en un proceso constante de actualización de las políticas económicas que necesita el país.

El PNR, además, concita consenso. Para su elaboración, el hasta ahoraMr. Lisboa solicitó y obtuvo la participación de representantes de todas las comunidades autónomas, del Parlamento, de los interlocutores sociales y de las Cámaras de Comercio. El texto recibió una óptima valoración por parte comunitaria, y los analistas lo calificaron como el segundo mejor de toda la UE-25. España recibió incluso el reconocimiento de tener el mejor sistema de rendición de cuentas de toda Europa en el área económica.

Según el balance del primer año, ya se han puesto en marcha un 52% de las 310 medidas del PNR previstas para 2010. El avance en los dos grandes objetivos del programa (convergencia en renta per cápita y tasa de empleo) ha sido significativo, y es probable que se alcancen antes de la fecha prevista. Los logros en los objetivos parciales de cada uno de los siete ejes de acción del PNR también han sido importantes. Por ejemplo, en el Eje 1, el objetivo de reducir la deuda al 34% del PIB se conseguirá en la mitad de tiempo previsto. En el Eje 2, la ejecución del PEIT y del Programa Agua va del 13 al 29%. El Eje 3 muestra avances moderados en capital humano. El Eje 4 de Ingenio 2010 destaca ya por sus logros en producción científica, tecnológica, y en sociedad de la información (con incrementos del 21, 40 y 50% respectivamente). En el Eje 5, el Plan de Dinamización fue ejecutado en un 85%. Los múltiples acuerdos del diálogo social protagonizaron el Eje 6. Y el Eje 7 se puso en marcha con la aprobación del Plan de Fomento Empresarial.

Lo importante de todos estos datos no es su signo más o menos positivo, sino su mera existencia. El Gobierno se arriesgó el año pasado al explicitar sus objetivos de política económica para 2010, aunque los medios no se hicieran eco. Pero este año se ha arriesgado aún más al dar cuenta de su progresión y al analizar con objetividad los avances y los retrasos experimentados. El Gobierno debería explicar el PNR para poder atribuirse los buenos resultados actuales y venideros. La oposición debería discutirlo para cuestionar la profundidad de esos cambios y su impacto relativo. Y, finalmente, los medios deberían tener interés en exponerlo, aunque sólo fuera porque dada la nueva candidatura socialista a la alcaldía de Madrid, el documento puede terminar anticipando un futuro Programa Municipal de Reformas. En todo caso, ya falta menos para que al hablar de política, también hablemos de economía.

 

Carlos Mulas

 

Más allá del conservadurismo progresista

MATT BROWNE / CARLOS MULAS GRANADOS  FMI

El sábado, el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero anunció que no iba a presentarse para tratar de obtener un tercer mandato y, con ello, puso en marcha un proceso de primarias que culminará con la elección de un nuevo candidato del partido y un programa político renovado.

El lunes, el presidente Barack Obama inició oficialmente sus 18 meses de campaña para la reelección y, con ello, puso en marcha un largo proceso de renovación política que los demócratas esperan que vuelva a atraer a los votantes progresistas.

Y el jueves, la Fundación IDEAS y el Center for American Progress van a convocar una reunión de la red para el Progreso Global, que agrupará a destacados estrategas políticos de Europa y Norteamérica. Continuando el trabajo de reuniones anteriores en Washington, Berlín, Nueva York y Madrid, los participantes debatirán sobre cómo responder a las aspiraciones de las jóvenes generaciones progresistas de todo el mundo.

No te votan por lo que has hecho sino por lo que vas a hacer. Los progresistas necesitan una nueva agenda

Una economía más competitiva necesita un mayor papel del Estado

El momento es oportuno, porque nos permite tomar un respiro tras los frenéticos acontecimientos de la semana pasada y recordar que nuestra reacción ante los retos actuales debe tener una perspectiva a largo plazo, estar orientada hacia el futuro y ser innovadora. Hoy, más que nunca, es importante que los progresistas recuerden la primera regla de la política: la gente vota a alguien pensando en lo que va a hacer por ellos, no en lo que ha hecho antes. Lo malo es que la crisis parece haber arrinconado a muchos progresistas en una actitud conservadora, de defender los logros del pasado en vez de seguir avanzando a partir de ellos.

Quizá no es extraño. La ofensiva actual de la derecha es intensa. Mientras que, en plena crisis económica mundial, a los progresistas les resultaba difícil distinguirse de un movimiento de derechas que parecía -al menos en Europa- haber adoptado muchos de los principios fundamentales de la política económica progresista, hoy vemos cómo se lanzan duros ataques contra el papel del Estado y el gasto público. Para la opinión pública, lo que comenzó como una crisis del capitalismo de casino -con mercados financieros sin regulación y banqueros irresponsables- se ha convertido en una crisis del Estado despilfarrador, con unos déficits públicos excesivos y unas intervenciones innecesarias e inútiles del Gobierno.

Este nuevo relato conservador combina una atractiva historia en la que se unen el declive económico, unas potencias emergentes en Asia y unos Gobiernos derrochadores, con el intento de generar miedo al otro, que pueden ser los inmigrantes, las minorías o los extranjeros. Es una política con mucho mensaje pero poca sustancia, carente de verdaderas soluciones a los problemas económicos y sociales de nuestros países. Su idea central es un llamamiento al consuelo de las viejas identidades, los viejos modos de pensar y las viejas estructuras. Por desgracia, en estos momentos todo eso está teniendo éxito en las urnas.

Tal vez no debe sorprendernos, porque, como descubrió el Partido Laborista británico, para su desgracia, el verano pasado, los partidos progresistas que defienden lo que han hechoy son incapaces de modernizar su programa para afrontar el futuro ofrecen, muchas veces, una imagen de gestores más que de motores del cambio, y un mensaje que parece poco más que la promesa de gestionar el declive mejor que sus rivales.

El empeño en la defensa de los logros anteriores no solo coloca a los progresistas en el lado equivocado de la dicotomía entre futuro y pasado, sino que agrava la fragmentación del voto progresista. Mientras se aplacan los temores de los privilegiados empleados del sector público y los puestos de trabajo protegidos por los sindicatos, se ignoran los ruegos de los jóvenes, los desempleados y los que aspiran a un futuro más sostenible e integrador. Y, aunque no es muy probable que estos grupos, en Europa, voten a la derecha populista, sí lo es que acaben no votando a nadie.

A la larga, pues, los progresistas no tienen más remedio que presentar un programa nuevo, que tranquilice a los grupos tradicionales y tienda la mano a otros nuevos. En resumen, para construir una nueva coalición de progreso deben avanzar más allá del conservadurismo progresista.

Para ello, dicho programa no solo debe incluir la inversión en los sectores económicos del futuro, sino que debe ofrecer más oportunidades de movilidad social y reconocer que la mejora de la calidad de vida de muchos ciudadanos exige nuevas instituciones que les permitan contribuir al bien común de la forma que ellos prefieran. Los ciudadanos deben poder invertir personalmente en sus comunidades.

Ahora bien, los españoles a los que, como a Rajoy, les seduzca la noción de Gran Sociedad de David Cameron como sustituta del Estado, deben tener cuidado; las sociedades fuertes solo prosperan cuando cuentan con el apoyo de un Gobierno fuerte e innovador. El Estado y la sociedad deben apoyarse mutuamente, no sustituirse. Una era de nuevas oportunidades necesitará un papel mucho más fuerte del Estado para conseguir que nuestras economías sean más competitivas mediante inversiones a largo plazo en educación, infraestructuras energéticas y transporte y la creación de empleos bien remunerados.

Del mismo modo, la construcción de sociedades más cohesionadas y sostenibles dependerá de que el sector público sea capaz de hacer las inversiones sociales adecuadas y crear nuevas instituciones que movilicen y canalicen la energía de los ciudadanos deseosos de contribuir al bien común.

Las líneas divisorias para el futuro están trazadas. Es hora de que los progresistas se libren de sus miedos conservadores y luchen por el mañana.

Carlos Mulas

¿Por qué la austeridad no funciona?

Carlos Mulas Granados FMI
Carlos Mulas Granados FMI

CARLOS MULAS GRANADOS  FMI

 

En las últimas semanas hemos conocido los detalles de los Presupuestos del PP para España, y también nuevas previsiones de crecimiento a la baja y datos de paro al alza. Nos hemos embarcado en el ajuste presupuestario más grande de nuestra historia y, sin embargo, no vemos la luz al final del túnel. La prima de riesgo se ha vuelto a disparar y los mercados no terminan de ver claro que tengamos capacidad de hacer frente a nuestras deudas. Ante esta situación, la gente se pregunta por qué no está funcionando la austeridad. Y los economistas no son capaces de responder con facilidad. Hay opiniones para todos los gustos y el debate continúa cada día porque estamos ante la cuestión económica más importante de las últimas décadas: ¿son los ajustes fiscales malos o buenos para la actividad económica y el empleo? Lejos de las trincheras de cada bando, voy a intentar responder a esta cuestión.

Miremos primero los manuales. La teoría económica clásica predice que reducir el déficit en época de crisis ahonda más la recesión. Cuando la actividad está parada, el único agente económico capaz de mantener el nivel de demanda es el Estado. Por eso John M. Keynes le recomendó a Roosevelt lanzar el new deal en los años treinta: el objetivo era que el Estado se endeudase, aumentara su actividad y de forma derivada creciera el consumo, se recuperara la economía y volviera el empleo. Aunque enunciada hace 75 años, esta es básicamente la misma tesis que defiende el premio Nobel de Economía Krugman en estas mismas páginas desde el principio de la crisis.

Pero si las cosas están tan claras y parece que los EE UU de Obama se han tomado los ajustes fiscales con más tranquilidad, ¿por qué la Europa de Merkel y Sarkozy se ha empeñado en mantener un calendario tan exigente de reducción de déficits? Pues porque hay una teoría alternativa que predice que los ajustes fiscales pueden tener efectos expansivos (no-keynesianos, como se conoce en el argot económico). El razonamiento de sus defensores es el siguiente: cuando el déficit y la deuda acumulada son muy altos, los ciudadanos y las empresas se dan cuenta de que tendrán que pagarlos con impuestos presentes y futuros; por eso, un plan de fuerte de reducción del déficit que sea creíble a medio plazo (es decir, que recorte gastos estructurales como las transferencias sociales o los salarios públicos) les daría una señal muy importante de reducción de sus impuestos futuros que se traduciría en un aumento de sus planes de consumo e inversión. Según esta lógica, el efecto compensatorio de este aumento en la actividad del sector privado (efecto crowding-in) podría compensar la caída de la actividad del sector público y terminar teniendo efectos netos positivos sobre el crecimiento económico. Esa teoría fue popularizada en los años noventa por Alesina y sus discípulos, sobre la base de trabajos desarrollados por Barro en los setenta, y, mucho antes, por David Ricardo a finales del siglo XIX.

La realidad es que todo el diseño de la Unión Monetaria que se aprobó en el Tratado de Maastricht de 1991 y el Pacto de Estabilidad de 1997 descansa sobre este segundo bloque teórico. Y el paquete fiscal impulsado por Merkel y aprobado en el último Consejo Europeo es más de lo mismo. Es decir, la visión de Ricardo y sus seguidores pesa más que la de Keynes en la arquitectura económica que nos dimos hace dos décadas en Europa, pero el debate viene siendo muy intenso porque la evidencia histórica nos proporciona casos para apoyar tanto las tesis de Keynes como las de Ricardo. Por ejemplo, los ajustes fiscales recientes en Grecia, Portugal o España demuestran que Keynes llevaba razón y los recortes van a profundizar la crisis. Pero también es verdad que las experiencias de Finlandia, Irlanda o Suecia en los noventa enseñaron que Ricardo y sus seguidores también apuntaban en la buena dirección, porque los ajustes facilitaron la recuperación.

Entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿Con Keynes o con Ricardo? Pues depende. Depende de tres factores que normalmente no se citan en las tertulias y que los políticos olvidan también a menudo. Esos tres factores son: el tamaño acumulado de la deuda pública, el grado de acceso a la financiación por parte del sector privado y las expectativas sobre el modelo de crecimiento futuro. En el caso de España, el primero no es un factor muy importante, pero los dos segundos son cruciales. Es decir, a los consumidores e inversores no les está asustando el nivel de impuestos futuros que tendrán que pagar en España como consecuencia del actual nivel de déficit deuda, sino la falta de acceso a crédito para consumir e invertir y la ausencia de una idea clara del modelo económico hacia el que queremos ir como país.

Sabemos que Rajoy basa toda su estrategia económica en recuperar la confianza a base de recortes y por esa vía sacarnos de la crisis. Y, sin embargo, también sabemos que no lo logrará si no es capaz de restituir el flujo de crédito, porque aunque los consumidores y los inversores volvieran a estar muy confiados con el futuro y quisieran gastar e invertir, no encontrarían el dinero con el que hacerlo. Esa es la razón por la que creo que el debate político debería centrarse casi más en la reforma financiera que en la batalla presupuestaria. El PP haría bien en apretar el acelerador ahí, aunque le sea incómodo lidiar con la situación de Bankia; y el PSOE probablemente acertará si hace una propuesta valiente al Gobierno en ese terreno, a cambio de un consenso en sanidad y educación.

En todo caso, creo que ninguna de las reformas que de momento plantea el PP servirá de mucho si los ciudadanos y las empresas no logran vislumbrar un proyecto económico de país nítido y solvente a medio plazo. Nadie recupera la confianza de la noche a la mañana si no logra entender cuáles van a ser los sectores productivos del futuro y qué tipo de productos va a generar y exportar nuestro país, después del fracaso del modelo basado en el ladrillo. Esa es la gran cuestión política que está encima de la mesa y sobre la que debería centrarse el debate en España. Y también es la gran cuestión en Europa, que titubea sobre cómo enfrentarse de verdad a los problemas de competitividad que tiene con respecto a las economías emergentes.

En definitiva, la austeridad no funcionará mientras no vuelva a funcionar el sistema financiero y mientras nuestro Gobierno no dibuje una estrategia económica clara e ilusionante de futuro. Tal y como vamos, nos esperan años de recortes fiscales y de recesión. Pero si logramos cambiar de enfoque a tiempo, ralentizamos el ritmo de reducción del déficit, reestructuramos rápido nuestros bancos, animamos al Banco Central Europeo a que siga interviniendo en los mercados y apostamos por una política industrial activa que impulse nuevos sectores, entonces la economía se recuperará. En realidad, Keynes y Ricardo no estaban tan enfrentados en sus razonamientos económicos como el debate político posterior ha dejado ver, y creo que ambos habrían convenido en integrar sus postulados para ofrecer un paquete más completo de salida de la crisis. Ojalá estuvieran ambos vivos y pudieran asesorar a los líderes europeos, pero, como no es así, podemos pedirles que relean sus obras y repiensen sus dogmas.

Carlos Mulas

Una nueva gobernanza económica para 2020

ANTONIO ESTELLA / CARLOS MULAS GRANADOS FMI

Se calcula que alrededor de 2020 Europa será la zona más envejecida del mundo (con un 30% de personas mayores de 65 años) y también una de las menos pobladas (solamente el 6% de la población mundial habitará en la UE). Además, Europa refleja hoy menor potencial innovador y de crecimiento económico que sus competidores principales, en Oriente y Occidente, y el declive poblacional sólo puede agravar este problema. Si ahora no adoptamos medidas que puedan paliar y anticipar los efectos de dicha probable evolución, Europa corre el riesgo de convertirse en un continente irrelevante en tan sólo dos décadas.

La buena noticia es que las instituciones europeas, y con ellas los Estados miembros, son conscientes de esta posible trayectoria, y están adoptando propuestas para afrontar dichos riesgos. La más importante tiene que ver con el cambio de modelo de crecimiento de la UE que acaba de emitir la Comisión Europea, y que lleva por rótulo Europa 2020.Esta propuesta empieza a ser examinada en el Consejo Europeo de primavera, y si es aceptada, será la sucesora de la llamada Estrategia de Lisboa, que tan poco éxito ha tenido hasta el momento.

Hay que aumentar el presupuesto, reforzar el poder de la Comisión e incentivar el cambio de modelo

Nosotros hemos defendido, en un documento recientemente publicado por la Fundación Ideas (www.fundacionideas.es), una visión similar a la expresada por la Comisión, ya que en nuestra opinión el gran objetivo que debería presidir la Estrategia 2020 debería ser alcanzar mayores cotas de prosperidad (crecimiento con calidad tanto en el ámbito social como en el medioambiental).

Además del general antes señalado, la Comisión especifica cinco objetivos concretos: el empleo, la inversión en I+D+i, el cambio climático y el ahorro energético, la educación y la lucha contra la pobreza. Para todos ellos la Comisión especifica indicadores cuantitativos concretos, y también un calendario a través del cual dichos resultados deberían producirse. Compartimos esta aproximación, pero pensamos que hubiera sido mejor añadir algún objetivo adicional que permitiera conectar claramente las tres dimensiones de la sostenibilidad económica, social y medioambiental que pretendemos. Y desde luego, habría sido más adecuado concentrar el seguimiento de la Estrategia solamente en indicadores de output, y no de input (por ejemplo, en lo que se refiere al indicador del I+D+i, lo mejor hubiera sido proponer un indicador de número de patentes).

La Comisión dedica una buena parte de su propuesta a la cuestión de la gobernanza de la futura Estrategia 2020. Esta es la parte en donde más habría que reforzar la propuesta de la Comisión. En efecto, el problema fundamental de la pasada Estrategia de Lisboa estuvo precisamente en la excesiva flexibilidad con la que se concibió su gobernanza. Además, sus palancas más importantes (perspectivas financieras, pacto de estabilidad y agenda de reformas) aparecían claramente desconectadas entre sí. Entendemos que Europa está madura para dar un paso más en dicha gobernanza y para reconectar los tres elementos antes señalados.

Primero, aumentando de manera clara el presupuesto comunitario. A menudo se dice que Europa es un gigante económico y un enano político. Nosotros nos preguntamos, sin embargo, si no será exactamente al revés: con un presupuesto del 1,05% de la RNB de la Unión, lo que falta precisamente es mayor músculo presupuestario en Europa. En este sentido, la propuesta de la Comisión es muy tímida. Caben, sin embargo, soluciones. Por ejemplo, en una primera fase, se podría pasar del actual 1% del presupuesto al 1,27% (que era el techo presupuestario antes de que se tomara la poco europeísta decisión de reducirlo a la cifra actual). El exceso se financiaría no a través de nuevas contribuciones de los Estados, sino a través de nuevos impuestos comunitarios, específicamente sobre transacciones financieras y emisiones contaminantes.

En segundo lugar, la nueva gobernanza económica europea necesita establecer un esquema sensato de incentivos positivos y negativos que fomente el cambio de modelo económico de la Unión. La presidencia española de la UE ha tenido el mérito de abrir este debate, y de nuevo, la propuesta de la Comisión es demasiado cauta en este sentido. Cabría pensar en un sistema de incentivos positivos y negativos, estructurado a través de la creación de lo que se podría denominar “el Fondo Lisboa”. Los Estados miembros que fueran cumpliendo objetivos irían cobrando una parte de ese Fondo -el “premio Lisboa”- y los que no los cumplieran, serían penalizados con el no cobro de dicho premio. La Comisión propondría la penalización y sería el Consejo el que debería aprobarla.

Finalmente, desde un punto de vista institucional, entendemos que la gobernanza de la Estrategia 2020 debería recaer de forma más clara sobre la Comisión. La razón es simple: no pueden ser los Estados miembros los que se autocontrolen, porque ello pone en riesgo la credibilidad de todo el proceso.

La aprobación de una Estrategia con un sistema de gobernanza reforzado es crucial para salir de la crisis y mejorar el modelo europeo de crecimiento. Esperemos que los líderes europeos mantengan esta perspectiva y aprueben en lo que resta de presidencia española un documento con verdadero alcance político. Europa, y sus ciudadanos, lo agradecerán.

Carlos Mulas

España, más allá de la crisis económica

Después de la desaceleración, ¿qué? ¿Hay alternativa al ladrillo? Sí, los sectores de las tecnologías de la información y comunicación, la industria aeronáutica y aeroespacial, la biotecnología y las energías renovables

CARLOS MULAS GRANADOS FMI

Esta legislatura ha comenzado de forma muy diferente a la anterior. Los asuntos económicos están llenando las portadas de los periódicos y ocuparon buena parte del debate de investidura del presidente del Gobierno. En apenas unos meses, la crisis financiera internacional y la desaceleración de la economía española han logrado que hayamos pasado de no hablar de economía a centrar la campaña en ella y, finalmente, convertirla en el eje de la legislatura que empieza.

De momento, sabemos que el nuevo Gobierno ha adoptado un paquete de medidas destinadas a compensar parcialmente el parón de la construcción mediante inversión en obra pública, formación y recolocación de los parados, recortes fiscales para las familias, ayudas para aligerar la carga hipotecaria y devoluciones anticipadas del IVA para las pymes.

Escasea la información gubernamental sobre las medidas económicas a medio y largo plazo
Durante una crisis es cuando hay que hablar más del periodo inmediatamente posterior

La especificidad de este conjunto de medidas de corto plazo, desglosado con detalle en el discurso de investidura y del que hemos sabido que costará unos 10.000 millones de euros, contrasta con la escasa información que han recibido los ciudadanos sobre las reformas de largo plazo que se intuyen con la creación de algunos nuevos ministerios. Además, no se está insistiendo lo suficiente en que, independientemente de los impulsos de corto plazo, serán las medidas estructurales, en el terreno laboral, en la competitividad empresarial, en nuestro sistema de I+D, y en el funcionamiento de nuestros mercados, las que de verdad lograrán que esta desaceleración sea sólo coyuntural.

Sin embargo, lo peor es que aún no hay un relato público que conecte las conocidas medidas coyunturales con las desconocidas medidas estructurales y la visión de conjunto. La ciudadanía aún no identifica con claridad cómo debería ser nuestra economía cuando lo peor haya pasado, ni la relación entre las reformas venideras y ese futuro mejor. Si llevamos más de 10 años viviendo del empuje del sector de la construcción y el maná se ha agotado, la pregunta legítima que se hace mucha gente hoy en España es: y después de la desaceleración, ¿qué? ¿A qué se va a dedicar nuestro país?

La respuesta no es fácil, pero me aventuraré a dibujarles el horizonte más deseable, que con las acciones adecuadas (y los nuevos nombramientos ministeriales van en la buena dirección) es hoy ya el más plausible. Este horizonte puede resumirse en la siguiente expresión: España pasará de la “economía del ladrillo” a la “economía del chip”; y lo hará liderando lo que algunos han llamado la Tercera Revolución Industrial. Un concepto que, con algo de pompa, viene a describir la realidad económica en la que viviremos dentro de una o dos décadas en los países más avanzados de la tierra, y que anima un nuevo modelo económico para manejarse en ese nuevo entorno.

Esa realidad venidera estará alimentada por grandes cambios que no han confluido antes en la historia: por un lado, los efectos económicos del cambio climático y el final de los combustibles fósiles (que es la causa del sistemático aumento de precios de las materias primas); y por otro lado, la expansión de las energías renovables y la completa implantación de la sociedad del conocimiento. Éstos son los elementos que marcarán el futuro económico a medio y largo plazo, junto con los cambios demográficos y migratorios, constituyendo lo que algunos teóricos llaman ya las megatrends del futuro.

Responder de forma creativa, como tantas veces antes en la historia, será la única forma de hacer frente a esos retos. Hoy ya tenemos múltiples iniciativas que están desarrollándose en diferentes partes del mundo, y antes de lo que imaginamos viviremos en países donde los ciudadanos producirán energía desde sus casas, reciclarán sus basuras, aprovecharán el sol y el viento que pasa por sus tejados, y recargarán las baterías de sus coches tras kilómetros de rozamiento. Esa energía se almacenará en pequeñas pilas y depósitos domésticos, para ser consumida más tarde o intercambiada a través de una red interconectada, como la que hoy nos permite enviar y recibir información a través de Internet, sin movernos de nuestro sillón.

En ese futuro cercano, cada vez trabajaremos más desde casa, consumiendo, procesando y creando conocimiento; y nuestra labor tendrá un valor propio como tarea especializada dentro de un proceso de producción globalizado. Al mismo tiempo, las estructuras de poder político, económico y empresarial achatarán sus jerarquías y se consolidarán en un nuevo equilibrio de redes descentralizadas, pero interconectadas.

Cuando los problemas financieros que vivimos estos meses terminen, la desaceleración o crisis actual dará lugar a una nueva fase cíclica de expansión. En ese momento, la liquidez retenida y el crédito retrasado que paralizan hoy la economía mundial se dirigirán a nuevos sectores en alza. ¿Y cuáles serán esos sectores? En parte la construcción otra vez (por la costumbre cíclica de que lo que sube, baja, y luego vuelve a subir), pero sobre todo aquellos sectores que hoy sólo han empezado a despuntar, y que son en términos estructurales los que mejor responderán a ese nuevo mundo.

En España, esos sectores serán fundamentalmente cuatro: las tecnologías de la información y la comunicación, la industria aeronáutica y aeroespacial, el sector de la biotecnología y el sector de las energías renovables. Se verán acompañados además por un sector financiero cada vez más competitivo y por el desarrollo de los nuevos servicios de ocio y bienestar para responder a una población envejecida.

Algunos datos son ya muy positivos, y sobre ellos deben acumularse los nuevos esfuerzos. Por ejemplo, el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, que permea progresivamente el resto de nuestra economía, ha venido creciendo a tasas cercanas al 19% durante la legislatura pasada, y terminará representando el 8% del PIB al final de esta legislatura. La industria aeronáutica y aeroespacial ha venido creciendo al 13% y duplicará su tamaño para llegar a representar el 1% del PIB dentro de cuatro años. El sector de la biotecnología ha venido creciendo al 17%, y pasará a representar el 2% del PIB. Y el sector de las energías renovables ha venido creciendo a tasas del 15% (el año pasado fuimos el segundo país del mundo donde más crecieron las instalaciones de energía eólica) y se convertirá en un sector líder y con gran capacidad de arrastre, hasta alcanzar el 3% del PIB cuando volvamos a las urnas en 2012.

Por tanto, es muy posible que, si el sector público y el sector privado siguen apostando por la modernización productiva, al final de la actual legislatura esos cuatro sectores innovadores dupliquen su nivel de empleo y contribuyan al PIB más de lo que hoy representa la construcción de viviendas. Entonces, la transición de la “economía del ladrillo” a la “economía del chip” se habrá hecho realidad, y quizá los debates electorales no giren ya en torno al precio de los cereales, sino al modo en que los molinos de trigo de nuestros campos encuentran compañía en los molinos de energía movidos por vientos de progreso.

Es de ese futuro del que tendrían que hablarnos más nuestros líderes políticos y mediáticos, si quieren merecer esa etiqueta. Contra lo que pueda parecer, es durante las crisis cuando más hay que hablar del periodo inmediatamente posterior, con el fin de crear expectativas positivas que enciendan la mecha de la recuperación. Es el momento preciso para enmarcar los golpes de timón que se realicen, no sólo como remedio contra el fuerte oleaje pasajero, sino como parte necesaria del rumbo adecuado que debe tomar nuestro barco para llegar al buen puerto deseado.

Probablemente un nuevo think tank progresista contribuiría a crear nuevos marcos sobre futuros seductores en diversas áreas, pero dependerá de las habilidades políticas del nuevo Gobierno que los ciudadanos logren entender la relación entre la gestión de la realidad y la conformación de una realidad nueva y mejor. Nuestro futuro depende de ello.

 Carlos Mulas